La Voz AustralLa creciente utilización de servicios de computación en la nube de empresas como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle por parte de organismos públicos abrió un debate que excede lo tecnológico y se instala en el terreno de la soberanía digital.
Mientras distintas dependencias estatales recurren a estos proveedores para almacenamiento, procesamiento de datos, respaldo e infraestructura informática, especialistas consultados por LPO coinciden en que Argentina carece de una política que establezca qué información estratégica debe permanecer bajo control estatal y bajo qué condiciones puede alojarse en plataformas privadas.
El presidente de Integracom y secretario de Tecnología de APYME, Mariano Goñi, sostuvo que desde 2017 el Estado argentino viene firmando acuerdos y contratando servicios de nube con esas compañías, tanto para capacitación como para almacenamiento, procesamiento de datos, respaldo y centros de datos. Sin embargo, advirtió que no existe un mapa público que permita conocer con precisión qué organismos utilizan estos servicios, qué datos almacenan, en qué país se encuentran físicamente ni qué ocurre con esa información ante un conflicto judicial, una filtración o la finalización de los contratos.
"Hasta ahora no hay pruebas de que las bases centrales de ARCA, RENAPER o ANSES estén íntegramente en una nube extranjera. Pero sí sabemos que distintos organismos utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte", explicó Goñi. Entre los datos potencialmente involucrados aparecen registros tributarios y patrimoniales, información de identidad, fotografías y biometría, domicilios, movimientos migratorios, prestaciones sociales, registros sanitarios, producción agropecuaria y operaciones de comercio exterior.
Para el especialista, el problema no pasa por rechazar la tecnología desarrollada por empresas extranjeras, sino por la ausencia de una estrategia de soberanía digital. "Una parte muy importante de los sistemas públicos podría manejarse dentro de la órbita estatal mediante el datacenter de ARSAT", afirmó. En ese sentido, explicó que la empresa pública puede ofrecer servidores, almacenamiento, copias de seguridad, nube privada, redes seguras, monitoreo y centros de contingencia para organismos nacionales.
A su juicio, portales públicos, aplicaciones, expedientes electrónicos, bases administrativas, registros sanitarios y productivos e incluso respaldos de sistemas críticos podrían alojarse bajo infraestructura estatal. Los sistemas más complejos, como las grandes bases tributarias de ARCA, la biometría de RENAPER o los mainframes de ANSES, requerirían una migración gradual, aunque podrían contar con respaldo y contingencia dentro de infraestructura pública. "El problema principal no parece ser la falta de capacidad estatal, sino la ausencia de una política clara y obligatoria que defina qué datos deben permanecer bajo control estatal y en qué condiciones puede contratarse una nube extranjera", resumió.
Desde la Fundación Vía Libre, la responsable de Políticas Públicas, Margarita Trovato, puso el foco en otro aspecto del problema: la jurisdicción bajo la cual quedan los datos cuando se alojan en servidores ubicados fuera del país. "Cuando los datos están alojados en servidores de otros países dejan de regirse exclusivamente por la legislación argentina y quedan sujetos a otras jurisdicciones", explicó a LPO. Según señaló, además de los riesgos propios del tratamiento de datos personales, el Estado pierde capacidad para controlar quién accede a esa información, cómo se audita su utilización y qué mecanismos existen para exigir responsabilidades ante un eventual incidente.
La especialista recordó que la legislación argentina establece criterios para las transferencias internacionales de datos personales, aunque advirtió que existen excepciones que terminan debilitando esas garantías. "Hoy no hay controles activos ni robustos sobre estas cuestiones", afirmó. También sostuvo que Estados Unidos carece de una ley federal integral de protección de datos personales, lo que agrega incertidumbre cuando la información queda alcanzada por normativas de ese país.
Otro de los riesgos señalados por Trovato es el denominado vendor lock-in, la dependencia tecnológica que se genera cuando una organización concentra buena parte de sus sistemas en un único proveedor. "Después cuesta mucho salir por cuestiones de precio, compatibilidad y dependencia tecnológica", resumió. Además, remarcó que no toda la información pública tiene el mismo nivel de sensibilidad. "Hay datos, como los biométricos, que no deberían alojarse en jurisdicciones que no ofrecen el mismo nivel de protección", sostuvo.
Una mirada complementaria aportó Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, quien advirtió sobre la creciente concentración de la infraestructura digital en un pequeño grupo de corporaciones tecnológicas. "La infraestructura tecnológica necesita una colaboración equilibrada entre actores públicos y privados, pero en nuestra región existe una concentración muy alta en un puñado de empresas transnacionales", explicó a LPO.
Según Camacho, esa concentración genera riesgos que van más allá de lo tecnológico. "Hay una pérdida de control sobre la información estatal y el posible acceso de terceros a datos sensibles y confidenciales", advirtió. En ese sentido, alertó que la dependencia de centros de datos extranjeros se produce en un contexto geopolítico donde las grandes plataformas responden a legislaciones y decisiones de otros países.
La especialista también cuestionó la falta de transparencia sobre el funcionamiento de esa infraestructura. "Los Estados deben robustecer las políticas para garantizar la soberanía sobre el almacenamiento de los datos y que esa infraestructura cumpla con criterios de transparencia, seguridad y protección", señaló. Además, sostuvo que resulta necesario desarrollar infraestructura propia para reducir la dependencia de un puñado de proveedores globales.
Las tres fuentes coinciden en un punto central: la discusión no pasa por excluir a empresas como Amazon, Google o Microsoft de la modernización tecnológica del Estado. El verdadero debate consiste en definir una política pública que establezca qué información constituye un activo estratégico, qué grado de protección requiere y bajo qué condiciones puede quedar alojada en infraestructura privada. Mientras esa definición siga ausente, advierten, la dependencia tecnológica continuará creciendo sin un marco claro sobre el control y la soberanía de los datos públicos.
