La Voz AustralEl proyecto de endeudamiento impulsado por el gobernador Claudio Vidal se transformó en el centro de la discusión política santacruceña en los últimos días y abrió uno de los debates más sensibles en la historia reciente de la provincia. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura propone autorizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, bajo el argumento de financiar obras estratégicas, infraestructura y programas de desarrollo.
Sin embargo, detrás de la presentación formal y de la defensa oficial, comenzó a emerger una discusión mucho más profunda sobre el alcance real del endeudamiento, las garantías comprometidas, el riesgo cambiario y el nivel de discrecionalidad que tendría el Ejecutivo para manejar esos fondos.
El proyecto, identificado como Ley N.º 257, ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el pasado 13 de mayo y requiere una mayoría agravada de dos tercios para ser aprobado, tal como establece el artículo 40 de la Constitución Provincial cuando se trata de endeudamiento en moneda extranjera. Y precisamente allí aparece el principal problema político que enfrenta hoy el oficialismo: hasta ahora no cuenta con los votos suficientes para aprobar la iniciativa. Distintos bloques opositores, legisladores independientes e incluso sectores dialoguistas mantienen reparos importantes sobre el contenido del proyecto y exigen modificaciones sustanciales antes de acompañarlo.
Un repaso del proyecto
El texto enviado por el Ejecutivo autoriza al Gobierno provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares, con plazos de amortización de hasta quince años y mediante distintas herramientas financieras, incluyendo emisión de títulos públicos, préstamos internacionales, acuerdos con organismos multilaterales y refinanciación de pasivos existentes. En su artículo primero, el proyecto establece que los fondos podrán destinarse a financiar gastos de capital, programas de desarrollo y administración de pasivos, incluyendo renegociaciones o cancelaciones de deuda previa. Esa amplitud en la redacción es justamente uno de los puntos que mayor dudas generó en el arco político provincial.
La llamada “letra chica” del proyecto comenzó a concentrar gran parte del debate político porque el texto habilita una serie de mecanismos financieros y jurídicos considerados extremadamente sensibles. Entre ellos aparece la posibilidad de prorrogar jurisdicción a tribunales extranjeros, renunciar parcialmente a inmunidades soberanas y garantizar el pago mediante la cesión de regalías hidrocarburíferas, regalías mineras y recursos provenientes de la coparticipación federal. El proyecto también habilita la constitución de fideicomisos financieros y faculta al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para implementar las operaciones de crédito.
